Estacionamientos inexistentes en Rosario

Las bicicletas deberían estacionarse gratis
Existe una ordenanza que regula este tipo de transporte, pero la falta de controles municipales imposibilitan su ejecución

(Por Florencia Choternasty, Celeste Martino y Juan Torresi) Desde la Municipalidad se promueve el uso de bicicletas como vía de transporte alternativo, con el objetivo de disminuir el tránsito y la contaminación. Para esto se creó la ordenanza 4052, en 1986, que regula que estacionamientos con capacidad mayor a 30 vehículos tienen la obligación de brindarles un lugar gratuito, equivalente al espacio ocupado por un vehículo grande. Sin embargo, son muy pocos los garages donde la medida se lleva a cabo, en muchos casos por ignorancia o desconocimiento, ya que no hay controles por parte del gobierno municipal.

Luego de la primera sanción, en 1994 se volvió a promulgar la ordenanza y, hace tres meses, el concejal por el Partido Socialista- Proyecto Sur, Alberto Cortés, la llevó nuevamente al Concejo. A diferencia de las anteriores, esta se caracteriza por promover la medida sólo en la zona céntrica, ya que es la que evidencia más inconvenientes a la hora de intentar estacionarse en un espacio seguro.
En el estacionamiento de calle San Luis al 2400 esta ordenanza se lleva cabo porque su dueño está a favor, pero sólo para las personas que viven en los edificios de al lado o para aquellos que trabajan en el Sanatorio de la Mujer. Esto se debe a que años atrás han sido víctimas de robos de bicicletas por cumplir con la normativa. Según el encargado, sería óptimo que la Municipalidad se haga cargo en caso de un hurto. La medida actual establece que en caso de robo, se hará responsable el dueño del garage, por este motivo el local aledaño al centro médico opta por no hacerse cargo en caso de extravío.
El concejal Alberto Cortés, defensor de la ordenanza, aseguró que no se ha cumplido por “la falta de voluntad” por parte del Ejecutivo Municipal para controlar su cumplimiento. Para que una ordenanza que establece obligaciones para los privados se lleve a cabo efectivamente, “hace falta que la Municipalidad realice inspecciones y sancione a los que no la cumplan”.
Hace un mes una inspección municipal visitó el estacionamiento de Mendoza y Corrientes, donde les aseguraron que estaba “todo en orden”. Sin embargo este garage no cumple con la normativa 4052. El encargado de la playa se mostró sorprendido y declaró: “La verdad que no teníamos ni idea de la existencia de esa ordenanza”. Además reconoció que si se llevara a cabo, se verían perjudicados económicamente porque perderían un espacio del cual no recibirían remuneración.
Algunas ordenanzas existen, son necesarias, y sin embargo no se ejecutan. En cambio, otras normativas, impulsadas en base a los intereses de algunos ediles, son las primeras en sancionarse y llevarse a cabo. El desinterés de algunos temas, sobre todo de aquellos que no reditúan al municipio, se evidencia no sólo en el Concejo, sino también en los mismos funcionarios.
El intendente Miguel Lifschitz admitió que el incumplimiento de la ordenanza tiene que ver con la falta de seguimiento. “Probablemente haya que tener un control un poco más estricto”, reconoció el funcionario. En tanto justificó que es posible que no haya demasiada demanda porque “no hay costumbre de estacionar las bicicletas en las playas de estacionamiento”, y muchos ciclistas optan por dejarlas en cualquier parte. “Son cuestiones culturales”, minimizó.
El diputado provincial del Frente para la Victoria, Gerardo Rico, se reconoció a favor de la implementación de la medida y arremetió fuertemente contra el Ejecutivo Municipal. “Lo que pasa es que los gobiernos socialistas, tanto municipal como provincial, están acostumbrados a echarle la culpa a otros”, criticó el político. Además subrayó que “está claro que el poder para hacer cumplir la medida es propio de la Municipalidad”. “La única forma de hacer cumplir las normas es mediante la voz y la participación de la gente que se ve beneficiada por ellas”, exaltó Rico.
Además, el diputado provincial consideró necesario cumplir con lo que dicta la ordenanza, ya que “el espacio físico céntrico es muy pequeño como para efectivizar la demanda de motos, bicicletas y motonetas”. En cuanto a la actividad ciclista, destacó que es más elevada por lo que se hace más necesario brindarles una solución a la hora de resguardarlas. “Tanto la Municipalidad como la Provincia no asumen el deber que les toca al haber sido elegidos por la gente para gobernar”, remató Rico.
“No sabíamos nada sobre esa ordenanza”, admitieron en la playa de 9 de Julio y Buenos Aires. Aunque el encargado del lugar sostuvo que “cuando abrieron permitían que la gente deje las bicicletas gratuitamente”, pero llegó un momento en que les generaba un problema porque les hacía perder tiempo. Además denunció que les robaron muchos rodados y debían responsabilizarse ante los dueños. “Creo que la Municipalidad debería crear corralones específicos como se hace en Europa”, sugirió el titular. En tanto explicó que ya tienen pérdidas del 40 por ciento de las ganancias, en lo que hace a impuestos, y por eso no considera el hecho de desaprovechar un lugar, que bien podría destinarse a un auto.
La problemática de los ciclistas es otra muestra de que existen normas para resolver las demandas de los ciudadanos. Sin embargo los inconvenientes se generan a la hora de hacerlas cumplir. Al parecer el gobierno municipal suele olvidar que, como dijo su máximo dirigente, Miguel Lifschitz, “las ordenanzas están para cumplirlas”.

Personas con Discapacidad

LOS PADRES INFLUYEN EN EL FUTURO DE LOS CHICOS

Las personas con discapacidad no consiguen trabajo por la presión de sus familias.

En la Municipalidad de San Nicolás hay más personas empleadas que lo que la ley exige. Pero muchas empresas todavía no cumplen con esto.

A diferencia de otros años la inserción en el mercado laboral para personas con discapacidad aumento, aunque no alcanza para la demanda que hay. En muchos casos la presión que tiene la familia hacia el empleador hace que puedan llegar a perder la oportunidad que se les ofrece. Pero este no es el único factor que falla sino que también hay miedo por parte de la sociedad y que el gobierno nacional no aplica como corresponde las leyes.

A pesar de que en la ciudad de San Nicolás no se ha hecho un censo, de datos certeros de cuántos ciudadanos con discapacidad hay, se estipula que hay más de 2 mil personas. Aunque desde el departamento de atención a personas con capacidades diferentes del municipio nicoleño creen que esta cifra se supera. Ya que hay alrededor de 150 mil habitantes y según la Organización Mundial de la Salud el 15% de la población tiene algún impedimento físico o mental.

La coordinadora técnica de uno de los talleres protegidos, que funciona en la ciudad, Hellen Keller, Mara San Juan, dijo: “Los empleadores les tienen miedo a los padres de los chicos, siempre amenazan que les van hacer juicio”. También sostuvo que saca provecho de las deficiencias que tienen los hijos para poder conseguir subsidios para obtener más dinero. “Es difícil esta situación muchos de los jóvenes que concurren acá usan la misma ropa de hace años”, mantuvo la coordinadora. Además agregó que los progenitores cuando llegar a la institución creen que es para que trabajen y puedan obtener dinero.

Hellen Keller se encarga de integrar personas con discapacidad que no pueden estar en el mercado laboral. Dan un lugar donde puedan recrearse como talleres de cocina, de artesanía y polietileno. Los productos que realizan en el taller son vendidos al público, el dinero recaudado queda para que la institución pueda mantener y poder darles de comer a los chicos. Además la institución realiza bailes y con el aporte de los padres logran que la fundación pueda salir adelante, ya que no reciben ayuda por parte del gobierno.

El encargado del departamento de atención a las personas con capacidades diferentes del municipio de San Nicolás, Miguel Viñole, aclaró: “Los padres obligan a los empleadores a tomar a sus hijos porque la ley marca que tienen que tener cuatro por cuento de personas con discapacidad”. Pero agrego que si no está capacitado o no sabe hacer nada, el empleador no tiene la obligación de darle trabajo. “Los empleados tienen miedo, no saben si se los puede echar o no, nosotros buscamos la igualdad y si no cumple con el trabajo no se le tiene por qué hacer diferencia”, enmarcó.

Este departamento se encarga de hablar con las empresas para darles a conocer los beneficios que obtienen al tomar individuos con capacidades diferentes. Algunos de ellos son reducción del impuesto a la ganancia, por dos años pueden pagar la mitad de los aportes jubilatorios entre otras cosas.

Hay un colegio que se encarga de capacitar a los alumnos para que puedan conseguir trabajo

La Escuela Laboral que está ubicada en calle 25 de mayo al 600 tiene alumnos desde 16 a 30 años que son derivados de las diferentes escuelas de la ciudad o la zona. Tiene varios módulos que se encargan de la confección de ropa, de agricultura, soldadura entre otras cosas.

La institución se encarga de hacer un estudio de mercado para saber qué mano de obra se necesita y de esta manera poder capacitar a los alumnos según lo que se está buscando a la ciudad. Los estudiantes que no se encuentran con la aptitud de conseguir un trabajo o ya una vez graduados del colegio se le ofrece a las familias llevarlos a los talleres protegidos como Hellen Keller, Cooperanza y O.P.T.A.R.

En esta institución también los alumnos venden los trabajos que hacen para que puedan conseguir fondos para obtener materiales, y poder seguir con las actividades que realizan.

Sobre la situación de la familia, Griselda Romano, que está a cargo de la integración al mercado de trabajo aclaró: “Para que los chicos puedan obtener una ocupación todo depende de la formación que han tenido”. A esto la terapista ocupacional, Gisela Henrich, manifestó que cuando no tuvieron el apoyo de su entorno fracasaron. “La parte negativa de la discapacidad la convierten en positiva en relación al dinero que obtienen, con los subsidios y lo que le da el gobierno”, mantuvo la maestra de integración laboral.

Por año la escuela tiene una integración de 7 u 8 alumnos aunque concurren más de 300. Tuvieron un caso que logró que los avances en la integración laboral retrocedieran, el chico le robaba a sus jefes. “No sabía si estaba bien o mal ya que en la casa no se lo habían enseñado”, aclaró Henrich. Desde ese momento la cadena de supermercados con la que trabajaban en conjunto tuvo miedo y no contrató más personas discapacitadas. También han tenido casos donde los estudiantes han conseguido trabajar pero que la mala junta y la falta de contención laboral lograron que llegaran a la droga.

Sobre la diferencia que ocupa la mujer en la sociedad en las personas con discapacidad también se da. La Escuela Laboral sólo a podido insertar a una sola mujer y está haciendo trabajo de arreglar ropa blanca en el hospital. “En esa chica existe mucho la presión de los padres para que pueda salir adelante”, señaló Griselda Romero. Pero en muchos de los casos el problema se da porque la familia le inculca que para poder salir adelante la única manera es teniendo un hijo. “Desde el 2005 hemos tenido una chica por año que queda embaraza porque quiere, pero en la mayoría de los casos no tienen novio”, agregó Henrich.

¿Se cumple la ley nacional?

En el 2002 se aprobó la ley 22.431 llama de cupo laboral. En esta se plantea que los entes pertenecientes al gobierno nacional deben cumplir un 4 % sobre sus empleados de personas con discapacidad que estén capacitados para hacer el trabajo. Aunque no obliga a las empresas privadas, sí les ofrece los beneficios impositivos. Pero a pesar de esto más del 75% de los 3 millones con discapacidad en la Argentina no tienen ningún tipo de trabajo.

En la ciudad de San Nicolás la Municipalidad tienen más del 5%. Esto se ve demostrado en encargado de la oficina de atención a las personas con discapacidad; tienen problemas motrices. Pero en los demás organismos que son de la provincia o de la nación no cumplen con este reglamento y en la mayoría de los casos no tienen ningún empleado. Recién el año pasado se ha logrado la integración de 3 personas en el servicio penitenciario que se encargan de la limpieza del lugar.

Sobre esta ley Miguel Viñole sostiene que no hay que modificarla ya que es una de las mejores. “España nos la ha copiado”, dijo. Pero aclaró que si se lograra el cuatro por ciento, la mayoría de la demanda estaría cubierta.

A principio de este año la Secretaría se encargó de realizar reuniones con diferentes entidades de organismos públicos pero en la primera junta nadie se hizo presente. “Ni del Ministerio de Trabajo vinieron a ver de qué se trataba”, contó. En el ámbito privado existe mucho miedo y desinformación sobre este tema pero la mayoría de las cadenas de mercados como Carrefour o Lagostena cumplen con lo que la ley dice aunque no sea su obligación. “No sólo lo hacen por los beneficios que obtienen sino que se debe a la responsabilidad que hay por parte de los empleados hacia las sociedad, dijo Miguel Viñole.

En el caso de Lagostena contribuye a la inserción laboral de los alumnos que asisten al Colegio Laboral. “Siempre tenemos que buscarlos nosotros pero en este caso ellos fueron los que vinieron acá”, mantuvo la maestra de personas discapacitadas, Romero. En la quinta que tiene el supermercado sólo trabajan personas con discapacidad que están controlados por un supervisor.